“En el Concello de Calvos de Randin no ha podido celebrarse el pleno para el debate y votación de la moción de censura porque numerosos miembros del partido socialista de la provincia de Ourense (que no vecinos del pueblo) impidieron el acceso de los concejales a la casa consistorial”, señala la portavoz del Grupo del PP en este Concello, Sandra Rodríguez, una de las firmantes de la moción de censura que no llegó a ser debatida aunque sí votada en el pleno que se celebró el 10 de junio de 2008. Lo que para los proponentes de la moción constituye “vulneración efectiva de derechos fundamentales con protección constitucional”.
Así lo hacen constar los concelleiros del PP en un escrito hecho público este jueves, tras conocerse la resolución del PPdeG y en respuesta, dicen, a declaraciones de miembros del PSdeG-PSOE estos últimos días, y, en concreto, del secretario provincial Raúl Fernández.

Los ediles del PP de Calvos sostienen que el hecho de que no llegara a debatirse la moción de censura, cosa que ocurrió al no poder entrar en el salón de sesiones los cuatro ediles que la habían presentado el 29 de mayo de aquel año, fue consecuencia de la “actitud dictatorial y antidemocrática de una gran número de cargos electos del PSdeG”. Lo que, para Sandra Rodríguez, “ha quedado demostrado en las sentencias”.
La portavoz del PP en este Concello sostiene que lleva casi dos años en la alcaldía “una persona deslegitimada para ello”, en alusión al alcalde socialista Aquilino Valencia, y que para ello ha tenido que presentar un recurso al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra otra sentencia que obligaba a repetir el pleno que “va a suponer a las arcas municipales un gasto que los vecinos tendrán que soportar”.

El PP vuelve a denunciar la que califican de “trasgresión reiterada de la legalidad” que hace el grupo de gobierno con el alcalde, Aqulino Valencia, al frente, ya que, entre otras cosas, “no se convoca a la totalidad de los concejales a los plenos”, se celebran sin previamente ser convocados e, incluso, se han aprobados los Presupuestos de 2010 en xunta de goberno sin que lo haya hecho el pleno, “actuación gravísima que ya fue denunciada ante los tribunales de justicia”, señala Sandra Rodríguez.
“La actitud de Raúl Fernández es de doble moral y falsa ética política, porque critica una vulneración del pacto antitransfuguismo, inexistente en nuestro caso, y al mismo tiempo participa y consiente una actitud antidemocrática, dictatorial y anticonstitucional”, concluye la portavoz del Grupo del PP, Sandra Rodríguez.