El Concello de Ourense se enfrenta, de nuevo, a la necesidad de reponer la legalidad urbanística, ahora en el inmueble número 13 de la Avenida de Pontevedra, al serle notificada una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que declara “ilegal” este edificio. La sentencia establece que al edificio le sobra 1,20 metros de fondo, según admitió este jueves la concelleira de Urbanismo, Áurea Soto.
Soto aclaró que este nuevo caso y la sentencia que se produce a raíz de esta nueva ilegalidad, es algo heredado de anteriores corporaciones por el actual bipartito. Así como que el Concello de Ourense es responsable de dicha ilegalidad urbanístico.
Esto porque, recordó la concelleira, el 7 de junio de 2001 la entonces llamada Comisión de Gobierno del Concello concedió licencia de ampliación de fondos a dicho inmueble, autorizando incrementarlos en 1,2o metros más. Y el 1 de enero de 2003 el Concello selló el proceso de ampliación concediéndole al edificio licencia de ocupación.
Soto señaló que al Concello de Ourense sólo le queda ahora “reponer la legalidad”, ya que, “cuando hay licencias las responsabilidades pasan al Concello”.
“Nosotros sencillamaente tenemos que reponer la legalidad”, recalcó la responsable municipal de Urbanismo, que añadió en que habrá que hacerlo “de la forma que sea menos gravosa para el Concello”.
Además, señaló Áurea Soto, es preciso resolver este tipo de situaciones que viene de corporaciones y gobiernos anteriores, ya que “es preciso no dejar ya más herencias de este tipo a los gestores de esta administración que venga después”.
“No sabemos de que manera podremos resolver”.
La concelleira de Urbanismo, en su comparecencia ante los medios de comunicación a raíz de esta nueva sentencia, fue clara al admitir que, si en lo de “reponer la legalidad” lo tiene claro el Gobierno municipal, “no sabemos de que manera podremos resolver”.
Explicó Áurea Soto que esto es algo en lo que se han puesto a trabajar tanto los técnicos municipales de su departamento como los Servicios Jurídicos del Concello.
En cualquier caso, entiende la concelleira, “tendremos que ver si es posible cortar ese metro y veinte, de lo contrario tendremos que afrontar las indemnizaciones”.
Soto recordó ya otros casos que, también heredados de anteriores gobiernos, el bipartido ha logrado resolver y superar ventajosamente para el Concello, como fue la resolución del contencioso de la Plaza de San Antonio, el edificio de Arturo Pérez Serantes amenazado en su día de desalojo por la autoridad judicial, y varios inmuebles y solares de la zona de A Ponte.
Algo que, sumado a la necesidad de afrontar un nuevo Plan de Urbanismo de la ciudad, en lo que se está actualmente, llevaron a la concelleira a preguntarse “por qué el PP está empeñado en decir que no hay nada que hacer y en cuestionar que otros técnicos de fuera del Concello tengan que venir a ayudarnos”. |
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