De “praga bíblica” califica la CIG la práctica que hacen numerosos alcaldes de la provincia ourensana que, con el dinero público, señala el sindicato, desoyen sentencias favorables a trabajadores municipales. El último caso es el del Concello de Baltar, y su alcalde, el ex de Xinzo de Limia y ahora del Partido Popular y diputado provincial, Antonio Feijóo.
La CIG denuncia que el el Concello de Baltar tendrá que pagar a un trabajador algo más de 7.000 euros, después de recurrir una sentencia de 2007 que ya obligaba al Concello a pagar a este trabajador el complemento de Incapacidad Temporal. El regidor municipal recurrió aquella sentencia que ahora se ha visto confirmada.
Señala la organización sindical que “non se trata do problema dun traballador concreto, senón da política habitual do Concello de Baltar”. Y recuerda el caso de otra trabajadora por la que este Concello fue condenado a pagar una indemnización de 4.000 de euros más 1.400 de salarios de tramitación. La operaria debe ejecutar la sentencia judicial al negarse el alcalde a abonar las cantidades, lo que le obliga a requerir una nueva condena de 800 euros para afrontar el coste del proceso ejecutivo.
El responsable de la CIG en Xinzo-Verín, Anxo García Torres, reclama la atención sobre el hecho de que este tipo de prácticas se ha extendido y tiende a generalizarse, ya que, señala, estos alcaldes “teñen inmunidade”, los derechos de los trabajadores se ven “sistematicamente violados”, y los vecinos son los que acaban siempre pagando los abogados, salarios, intereses, indemnizaciones y otros efectos derivados de las causas entabladas por los alcaldes. |
