CSIF acusa a la responsable de Personal y Recursos Humanos del Concello de Ourense, Carmen Rodríguez Dacosta, de “actitud negligente”, “la misma que su predecesor”, dice la CSIF, al consentir y no evitar que los trabajadores del Concello sigan sin recibir el vestuario que tienen asignado por el convenio regulador, según asegura el sindicato. CSIF habla de “desidia” en el caso de la responsable del departamento de Personal, y advierte que, en bastantes casos, el hecho de no disponer del adecuado laboral va contra la ley de de pevención de riesgos laborales.
 
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21 de OCTUBRE de 2009: OURENSE DIXITAL

Los trabajadores que desarrollan su labor en tareas de obras, mantenimiento y en ciertas actividades que lo requieren, deben recibir cada año una equipación completa para el trabajo: uniformes, ropa de faena, etcétera. En algunos casos en los que las circunstancias así lo requieren, deben recibir hasta dos lotes completos de ropa y calzado. Sin embargo, la Concellería de Personal “lleva bloqueando la renovación del vestuario de los trabajadores desde marzo de 2008”, señala la CSIF.

“El problema se produce porque en Personal no sacan a concurso el vestuario y están obligando a muchos trabajadores a realizar sus tareas con ropa de calle”, denuncia el portavoz de CSIF en el Concello de Ourense.
Alguaciles, conductores, jardineros, trabajadores de las brigadas de termalismo, de obras, de perímetro rural, personal de cementerios, policías y bomberos deben realizar sus funciones debidamente uniformados, pero al llevar más de año y medio sin recibir equipos adecuados, en muchas ocasiones han de afrontar el trabajo con ropa personal.

Esta situación supone en bastantes casos, según advierte la CSIF, vulnerar la ley de prevención de riesos laborales, ya que hay casos en los que los trabajadores deben desarrollar su trabajo con ropaa adecuadas a las medidas de seguridad que han de tomarse en estos casos.
“En un tiempo en el que se intenta reducir por todos los medios la tasa de accidentes laborales resulta imperdonable que una administración pública sea la primera en vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos”, concluye la CSIF.

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