En materia de vivienda, a la hora de corregir las tendencias la ACO propone, al igual que en el caso de la inversión, relanzar la actividad.
Para ello, de entrada, los constructores abogan por derogar las Normas del Hábitat. Se amparan en lo manifestado por los colegios profesionales, que la normativa “en su defecto, necesita una profunda revisión”.
La ACO plantea además agilizar la aprobación de los planeamientos urbanísticos, cuyo proceso actualmente dicen que “genera incertidumbre y desconfianza acerca del futuro de la inversión y ante un marco jurídico inestable”. Especialmente significativo a

este respecto resulta el caso de la capital ourensana.

Mención especial merece el caso de las 3.728 nueva viviendas en stock a la espera de comprador. Aquí, la ACO propone a las administraciones “la conversión de la vivienda libre en protegida”, algo con lo que, entienden los constructores, se conseguiría reducir este tipo de stockaje. “Es más, sin dar salida a ste stock no se iniciarán nuevos proyectos ni se creará más empleo”, concluye al respecto la Asociación de Constructores de Ourense.

Con relación a la inversión pública, los empresarios de la construcción quieren que se de “un verdadero impulso a la licitación” de este tipo de obra e Ourense, que se inyecte liquidez a las empresas, que se produzca una reducción real de los plazos de pago por parte de las administraciones públicas, y que se compense la deuda “utilizando las certificaciones de obra pública emitidas por las distintas administraciones”.
En el caso concreto de la administración autonómica, los constructores ourensanos plantean el control de las bajas de adjudicación, la unidad de criterio a la hora de establecer el cálculo de las ofertas anormalmente bajas, e, incluso, el uso de Internet para poner los proyectos a disposición de las empresas.