Bastaría con una regulación temporal de empleo en vez de un ERE en la empresa ourensana MRF, subrayaron este jueves UGT y CIG. Por contra, según los representantes sindicales, la empresa pretende sacar tajada de la crisis y reducir un 40% la plantilla de la fábrica del Polígono de Pereiro de Aguiar, despidiendo a 57 trabajadores de los 128 que actualmente tiene. Los sindicatos advierten de ello a la Xunta, a la que piden que Traballo no decida con criterios de "amiguismo" y "partidistas", recordando que la cúpula de la empresa es afín al Partido Popular.
 
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Los sindicatos UGT y CIG, conjuntamente, volvieron a recalcar este jueves la improcedencia del ERE, Expediente de Regulación de Empleo, que ha planteado la empñesa Mecanizados Rodríguez Fernández, MRF, pendiente ahora de resolución por la Consellería de Traballo. Los dirigentes de ambas centrales sindicales en Ourense, José Luis Fernández Celis y Etelvino Blanco, respectivamente, volvieron a insistir e que bastaría con una regulación temporal de empleo.
Sin embargo, la empresa opta por el ERE en un intento, según los sindicalistas, de deslocalizar la producción para hacerlo en adelante con menos costes.

Ambas centrales denunciaron que las pretensiones reales de los empresarios son trasladar la producción a las plantas que MRF tiene tanto en el vecino Portugal como en Brasil. El Expediente de Regulación de Empleo que ha planteado esta empresa especializada en la fabricación de componentes para la automoción, contempla el despido de 57 de los 128 trabajadores que actualmente conforman la plantilla de la nave del Polígono de Pereiro de Aguiar, un 40%.
Los sindicalistas advirtieron públicamente que la empresa "intenta aproveitar a crise para conquerir a deslocalización da produción".

Por último, UGT y CIG pidieron públicamente a la Xunta de Galicia que la Consellería de Traballo resuelva el ERE planteado por Mecanizados Rodríguez Fernández "sin partidismos nin amiguismos", y recordaron que la dirección de MRF está vinculada al Partido Popular, ya que fue fundada y es regida por la familia de Inmaculada Rodríguez Cuervo, la que fuera vicepresidenta primera del Parlamento de Galicia en la última etapa de Manuel Fraga al frente de la Xunta, y número 1 del PP por Ourense en las elecciones autonómicas de 2001.

 
 
 
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