Desde este jueves, 7 de mayo, la Ley Antimorosidad funciona en el Concello de Ourense. Por lo menos el alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, se compromete a ello. Cada factura debidamente emitida tendrá que ser abonada en el plazo máximo de 60 días, dos meses. De lo contrario, el Concello asume por iniciativa propia el pago de los intereses de demora que genere el impago. Rodríguez admite públicamente que la situación de las arcas municipales es lo buena que no lo es la economía de muchas pequeñas y medianas empresas. El compromiso del Gobierno de Ourense, según su alcalde, se plantea, sobre todo, en clave de “solidaridade responsable”.
 
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En vigor el compromiso del Concello de Ourense de no demorar los pagos por encima de los 60 días
Fotografía : JOSÉ CERDEIRA 
Agustín Fernández / Francisco Rodríguez (ARCHIVO)
8 de MAYO de 2009: OURENSE DIXITAL

A partir de este 7 de mayo ha entrado en vigor en el Concello de Ourense la Ley Antimorosidad que el alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, y el concelleiro de Economía e Facenda, Agustín Fernández, anunciaron el pasado 28 de abril que se haría efectiva a partir de esta fecha. De este modo está vigente el compromiso del Gobierno ourensano, de que a partir de esta fecha los proveedores cobrarán sus facturas en el plazo máximo de dos meses. De lo contrario, según lo manifestado por el propio regidor municipal, el Concello ourensano abonará “de oficio” los intereses de demora que generen dichos impagos es decir, sin necesidad de que los reclame el proveedor.

Aunque la Ley 3/2004 está en vigor desde dicho año, Ourense se convierte en concello pionero en la aplicación de dicha norma y, sobre todo, en hacerlo con publicidad.
Lo que Francisco Rodríguez definió como “un compromiso deste Concello contra a morosidade”, fue explicado en la necesidad de evitar asfixias económicas en tiempos de crisis sobre todo a pequeñas empresas y autónomos que trabajan con el Concello de la capital ourensana.
“El mero incumplimiento del plazo supondrá el devengo automático del interés de demora, sin necesidad de petición por parte del acreedor”, recalcó el regidor municipal ourensano el pasado día 28 de abril reafirmándose en la seguridad de que el Gobierno de Ourense no agotará los 60 días para hacer efectivas las facturas.

En un ejercicio de transparencia del regidor municipal, Rodríguez compareció con el concelleiro de Economía e Facenda para certificar públicamente la buena disposición económica en la que se halla el Concello de Ourense para acometer dicho compromiso. Según el titular de Economía, las arcas municipales disponen de un superávit de casi 15 millones de euros, una situación, reconocieron, que contrasta con la de muchas empresas en estos tiempos de crisis. Por lo que el Gobierno de Ourense considera que “se impón un compromiso de solidaridade”, señaló Francisco Rodríguez.
“Queremos seguir contribuíndo a aminorar a crise e reducir esa inmensa preocupación que teñen as empresas e na que nos queremos colaborar na medida das nosas posibilidades”, añadió el alcalde de Ourense.

Pese a que la ley entró en vigor en 2004, como queda dicho, en 2007 ni el 5% (algunas fuentes daban el 1%) de las empresas españolas la había aplicado, y España ocupaba uno de los primeros lugares del ránking europeo de morosidad. Se calcula que el 25% de las quiebras está motivada directamente por la morosidad, y en otro considerable porcentaje es también una de sus causas.
A finales del pasado mes de marzo surgió la llamada “Plataforma Empresarial Anti-Morosidad” que aglutinaba a un número importante de Pymes de este país, dispuesta a forzar una revisión de la Ley Antimorosidad cuyos resultados no han sido, ni de lejos, los que precia la pequeña y mediana empresa de este país.

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