El senador del BNG por designación autonómica, Xosé Manuel Pérez Bouza, ha elebado al Senado una propuesta: que las Comunidades Autónomas del Estado establezcan y promuevan agencias públicas de tasación. “As sociedades de taxación dependen dos bancos, cos que teñen conivencia de intereses”, denuncia el senador ourensano del BNG.
La iniciativa defiende, por contra, que que estas nuevas agencias públicas de tasación “exerzan as súas funcións cando o solicite o consumidor, en particular nos procedementos de embargo da vivenda habitual”.

Pérez Bouza alerta de que las entidades financieras, las sociedades de tasación e incluso las grandes inmobialiarias mantienen unas relaciones “moi controvertidas, de conivencia de intereses”, que, en buena parte, explican la burbuja inmobiliaria que se ha producido en este país, señala el senador nacionalista, y que hace que sean los ciudadanos los que “os principais pagadores”.
De hecho, según Pérez Bouza, las entidades financieras controlan casi la mitad de las agencias de tasación españolas.
Según Pérez Bouza, 13 de ellas concentraron en 2007 el 47% del volumen de operaciones realizado por las inmobiliarias y el 52% de las operaciones. Tales con los casos de TINSA, SIRVASA, SERVATAS, TASAMADRID, TASAGALICIA, TABIME o Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias, VTH. “Todas eleas con accionistas maioritario ou relevante en bancos e caixas de aforro”, señala el senador nacionalista.

Tal relación de “xuiz e parte” en la valoración y concesión de créditos va en detrimento del ciudadano, señala Pérez Bouza, a la par que ha sido causante directo de la burbuja inmobiliaria que se ha producido en nuestro país durante estos últimos años. En la gran mayoría de los casos, las tasadoras han generado un valor de tasación superior al real del inmueble, especialmente durante los años del boom inmobiliario.
Situación, señala Pérez Bouza, que no ha cambiado con la reforma de la Ley Hipotecaria de 2007. Porque, señala el senador del BNG, “a pesar da Lei as sociedades de taxación seguen estando en mans das entidades financeiras”.

Pérez Bouza plantea en esta iniciativa que se debatirá en Comisión de Economía y Hacienda del Senado, que el Gobierno regule un modelo de sociedad tasadora que cumpla con los principios báisco de independencia y objetividad, “e recolla os principios que establece o artigo 51 da Constitución Española de apoio aos consumidores”.