Denuncia pública con advertencia al Gobierno del Concello de Ourense, la que realizó el portavoz del Grupo Municipal, Enrique Novoa, este jueves.
Dejando claro de antemano que los populares no acudirán a los juzgados "porque así só se causaría un perxuicio ós contribuíntes, ó cidadán", el portavoz del PP advirtió que, si la Comunidad Europea llega a tener constancia del asunto, habrá que restituir a las arcas europeas unos 300.000 euros, que es el 70% del valor de las obras que subvencionó Bruselas.

Se trata del camino de unos 4 kilómetros que va desde Outariz a Untes por la margen derecha del río Miño, recientemente inaugurado, y del tramo de unos 150 metros que se extiende también por la margen derecha de este cauce entre A Ponte do Milenio y A Chavasqueira.
En ambos casos, señaló el portavoz popular, las obras se adjudicaron a TRAGSA, "unha empresa á que un Concello nunca pode adxudicar", recalcó Novoa. El portavoz popular evocó el caso del Concello de Riveira, donde se estableció a este respecto la conclusión de que "no es posible que el Ayuntamiento de Riveira formalice un contrato de colaboración de los regulados en el artículo 4.1, letra c), de la Ley de Contratos del Sector Público con la entidad mercantil TRAGSA, para concertar la ejecución de obras, por cuanto se excluyen de tal posibilidad aquellos convenios cuya naturaleza tiene la consideración de un contrato de obras, sin que a tal fin pueda realizar una encomienda de gestión a la citada empresa".

En el caso de Riveira la obra que se sometía a consideración del informe que manejó el Partido Popular, era la del "Matadero Comarcal", respecto al que se preguntaba por "si la figura aplicable a este convenio sería la denominada Encomienda de Gestión", y si dicho Matadero Comarcal "quedaría incluído dentro de los fines de esta Sociedad".
En este caso, como se ha dicho, la conclusión es negativa.