Aunque en esta ocasión el gobierno municipal omitió hacer publicidad de esta nueva sentencia, al contrario de lo ocurrido con la primera, este miércoles el Concello de Ourense tuvo conocimiento de otra sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulando el Plan de Urbanismo en su totalidad. Si en la anterior había sido un defecto de forma, que fue como el TSXG calificó el hecho de que se le diera el "cambiazo" a los planos sometidos a exposición pública que no coincidían con los aprobados inicialmente en pleno, en esta ocasión se trata de otro defecto de forma, relativo ahora a la falta del preceptivo informe sobre redes públicas de las comunicaciones electrónicas.
Si en la ocasión anterior las acciones habían sido promovidas por un particular, Óscar Santalices -hermano del actual parlamentario autonómico del PP Miguel Santalices-, en esta ocasión el recurso fue promovido por una empresa constructora, ATL Urbanistas.
También como en la anterior ocasión, el alto tribunal gallego desestima parte de las intenciones de los recurrentes, pero sí estima el aspecto inherente a la mencionada ausencia del referido informe, lo que a la Sala le es suficiente para fallar otra anulación del Plan de Urbanismo. Pese a que el Concello alegó que el informe requerido no podía incluirse porque la ley que lo establecía entró en vigor después de que fuera aprobado el Plan de junio de 2003, la Sala dispone que no por ello el Concello debía de haber dejación a la hora de garantizar la no discriminación entre operadores.

Otro recurso, y van dos

Como quiera que, al igual también que en el caso anterior, cabe recurso de casación contra esta nueva sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el gobierno municipal podría aprovechar el pleno de este viernes para solventar también este trámite. Como quiera que el plazo para estos trámites es de diez días y se pretende pasar por acuerdo plenario el trámite, de no lograr llegar a tiempo con el recurso al pleno de las 10 de la mañana de este viernes habría que convocar una sesión plenaria extra para despacharlo. Extremo que el gobierno municipal pretende evitar siempre y cuando sea posible elaborar dicho recurso.