Llamada de atención de las Denominaciones de Origen existentes en Galicia, ante la posible liberalización de plantaciones en el sector vitivinícola. Los presidentes de los cinco Consejos Reguladores existentes en Galicia hablan de "catástrofe económica" y de "desestabilización" del sector en todo el Estado. Una situación que en Galicia podría repercutir en los 18.000 viticultores que aglutinan las 475 bodegas existentes de una forma tan directa como incluso inmediata.
Quizá de la gravedad de la situación hable por sí sólo el hecho de que la de este lunes en Ourense, ha sido la primera comparecencia conjunta de los presidentes de las cinco Denominaciones de Origen gallegas.

Las cinco Denominaciones de Origen vitivinícolas gallegas mostraron a primera hora de la tarde de este lunes, en el primer acto conjunto de las cinco, su oposición a la OCM del vino planteada por la Comisión Europea. La comparecencia se producía una hora antes de la anunciada en Santo Estevo de Ribas de Sil por la minsitra de Agricultura, Elena Espinosa.
Los cinco titulares de las otras tantas Denominaciones de Orígen existentes en Galcicia, consideran que la propuesta realizada por Bruselas no soluciona los problemas reales del sector y que, al mismo tiempo, ataca las bases fundamentales de los sistemas europeos de denominaciones de origen que vertebran la producción de vinos de calidad, poniendo en grave peligro el mantenimiento de la estructura socio-económica de numerosas regiones de la Unión, entre ellas la de las Denominaciones de Origen españolas.

Los presidentes de las cinco Denominaciones de Origen gallegas, en la que ha sido su primera rueda de prensa conjunta en la historia, se han mostrado especialmente críticos con la propuesta de liberalización de plantaciones. Aseguran que, de aprobarse, tendría unos efectos desestabilizadores y conduciría a la destrucción del tejido productivo de las D.O. gallegas, que en la actualidad está económicamente saneado y no requiere de fondos comunitarios.
De hecho, los presidentes de los Consejos Reguladores consideran que esta medida podría causar una auténtica catástrofe económica y podría desestabilizar muchas de las D.O. existentes en España. En Galicia, esta medida afectaría a un total de 18.000 viticultores y a 475 bodegas, que en 2007 registraron una producción de 41.721.995 kilos en sus 9.519 hectáreas.

En este punto, las D.O. gallegas sugieren que, en el peor de los casos, debería contemplarse que las Denominaciones de Origen, o las autoridades competentes, tuviesen la facultad de gestionar y controlar el comportamiento de la masa vegetal en el ámbito autonómico en que radique la zona de producción.
Asimismo, las Denominaciones de Origen gallegas también han criticado la liberalización de las normas del etiquetado. Una opción que permitiría que vinos con unos controles de calidad y unas exigencias muy inferiores se aprovechasen del prestigio adquirido por las Denominaciones de Origen en los últimos años al utilizar referencias como la añada, la variedad y la indicación de procedencia, variedades utilizadas por los vinos de calidad.

Solicitan apoyos

Además, los presidentes de las D.O. gallegas han calificado de incoherente que se limite a terceros países las medidas de promoción, así como su pobreza presupuestaria. Consideran que hay que dedicar recursos de promoción al mercado interior de la Unión Europea porque representa los 2/3 del total mundial y cuenta con los consumidores más entendidos y capaces de comprender los mensajes de diferenciación de vinos.
Finalmente, los presidentes de Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrei y Valdeorras insisten en que si el sector vitivinícola europeo tiene un problema de excedentes no es por el papel desempeñando por las Denominaciones de Origen que, al contrario, son quienes están resolviendo el problema con su esfuerzo de calidad y de comercialización interior y de exportación.

Ante esta situación, las cinco Denominaciones de Origen gallegas y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas solicitan expresamente el apoyo de los Gobiernos del Estado y de la Xunta de Galicia, en defensa de los intereses de la viticultura española y, en concreto, de las D.O. Un apoyo que también solicitan de los distintos partidos políticos y de cualquier asociación, organización o entidad que comparta estos intereses.