La declaración de A Limia como Zona de Especial Protección de Aves no limitará ni cercenará las actuales labores agro-ganaderas que se desarrollan en la comarca, explicó el director Xeral de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta, Xosé Benito Reza. La comparecencia pública de Reza Rodríguez se produjo a 48 horas de la medida de protesta convocada para este viernes en la capital ourensana, concretamente ante la delegación de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, que respalda el Sindicato Labrego Galego.

José Benito Reza explicó, en un intento de tranquilizar a las gentes de A Limia, que esta declaración no irá contra las actuales labores agrícolas y ganaderas que constituyen el sustento de las gentes del lugar, sino que éstas son "vitales" e "imprescindibles" para la pervivencia de las aves que persigue la declaración de la zona como ZEPA. Reza Rodríguez recalcó que "la declaración de A Limia como ZEPA no limitará para nada las laboras agro-ganaderas actuales, al contrario".
El responsable de Conservación da Natureza de la Consellería de Pachi Vázquez, aseguró que "existe una especie de alarma social en la zona, totalmente injustifica y exagerada", y recordó que la declaración de A Limia y Pena Trevinca como nuevas Zonas de Especial Protección de Aves en Galicia, se suma otras 14 que ya existen "y no pasó ni pasa nada".
"no sólo no se cuestionan las labores agrícolas sino que son imprescindibles para la supervivencia de las aves a proteger", recalcó Xosé Benito Reza a la hora de hacer llegar a las gentes un mensaje tranquilizador.

Inapelable

No obstante, el representante de Medio Rural matizó que la decisión de la Consellería dirigida por Vázquez Fernández "no es ningún capricho, sino un mandato judicial de Bruselas".
Se trata, explicó Reza Rodríguez, de un mandato judicial de la Unión Europea condenando y obligado a España a declarar una serie de zonas de Especial Protección de Aves, entre las que están las de A Limia y Pena Trevinca.
Según José Benito Reza, "esto no está cerrado totalmente", ya que la Xunta está intentando reducir el mandato europeo a un tercio de lo que en principio impone Bruselas es decir, 10.000 hectáreas en vez de las 30.000 que dispone en el caso de A Limia la Unión Europea.