La Ley 20/2021, o el final del saca y mete con un sistema viciado

Para que las ayudas de Europa fluyan, toca también corregir un sistema de empleo público viciado. El que ha permitido que, a día de hoy, la temporalidad en el empleo público sea superior a la del sector privado

   
 
2022: OURENSE DIXITAL

Toda la Administración local de ese país se halla abocada ahora mismo a la aplicación de las medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que establece la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de 2021. La clave de que esto esté ocurriendo ahora mismo, reside en el el hecho de que todos los ayuntamientos disponen hasta el 1 del mes de junio de este 2022 para establecer cuántas y cuáles plazas ha de consolidar cada uno. Es decir, cuántas y cuáles se mantienen cubiertas temporalmente, en no pocos casos desde hace ya muchos años.

La Ley 20/2021 establece que dichas plazas han de ser cubiertas ahora con carácter definitivo, lo que tendrá que haber sucedido, lo más tarde, el 31 de diciembre de 2024. Antes, el 31 de diciembre de 2023, las convocatorias de las plazas tendrán que haber sido resueltas y debidamente publicadas. Y con el año 2025 habrá desaparecido la despensa de colocación de gobiernos y regidores municipales en puestos de trabajo comodín por la vía de la contratación temporal. Por consiguiente, el proceso que se activa a partir de ahora revelará la temporalidad de las plantillas de cada ayuntamiento.

 

 

La Ley 20/2021

La medida emana, como en tantos otros casos, de la Unión Europea. El propio texto de la Ley 20/2021 así lo reconoce, cuando indica que aunque la aplicación de medidas de este tipo compete a los gobiernos de cada país, igual que "la determinación del abuso corresponde a los jueces nacionales", también señala que "los planes de recuperación y resiliencia serán coherentes con los retos y prioridades específicos de cada país, determinados en el marco del Semestre Europeo". Lo que equivale a que para que las ayudas fluyan es preciso aplicar las directrivas de la UE. Y las recomendaciones específicas de la Comisión Europea y del Consejo dirigidas a España, "han subrayado insistentemente la necesidad de poner fin a la elevada temporalidad en el empleo público", según recoge también la propia Ley 20/2021.

El texto legislativo abunda en los vicios del sistema a lo largo de no pocos años: la tasa de temporalidad en el empleo público es superior a la registrada en el sector privado; compromete la adecuada prestación de los servicios públicos; e impide articular políticas de recursos humanos para garantizar su calidad. La situación viene de viejo: la evolución del empleo ha estado marcada por el aumento de la tasa de temporalidad, llegándose al extremo de que casi un 30% de los empleados públicos en España tienen o han tenido un vínculo profesional temporal con la Administración Pública; no existe una práctica asentada de convocatoria periódica y sistemática, preferentemente con carácter anual, de las plazas vacantes, para su provisión definitiva (OPEs); y "el recurso al nombramiento de personal interino y a la contratación de personal temporal se ha constituido en una alternativa organizativa que ha acabado suponiendo un incremento excesivo de la temporalidad", señala el texto legislativo.

Que omite siempre la intencionalidad en el vicio del sistema y el interés por perpetuarlo. Es decir, el enchufismo, clientelismo y caciqueo con el saca y mete, que ha derivado en numerosas colocaciones en un mismo y único puesto o plaza. Y esto en miles de casos.

 
 
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