El Gobierno municipal de Verín anunció este miércoles que se personará como acusación particular "en defensa dos intereses dos veciños de Verín" ante la reclamación que una empresa hace a las arcas municipales de 1,4 millones de euros por la paralización de su actividad en esta villa en el conocido como Caso Enredadera. Así mismo, el Concello anunció también que pone a disposición de la Fiscalía toda la documentación relativa al contrato en su día suscrito por el Concello con la empresa Bilbomática para la colocación de radares en el término municipal.

Recuerda el Concello de Verín que esta empresa está ahora investigada a nivel nacional en la Operación Enredadera, y que la colocación de "elementos de seguridad", como radares y la gestión de "importantes cantidades das correspondentes sancións" le fue adjudicada el 12 de noviembre de 2014. La llegada del nuevo Gobierno de Gerardo Seoane y Diego Lourenzo al Concello de Verín "fixo todo o posible por non aplicar este contrato, ó non crer na procedencia dunha política recaudatoria para a mellora do tráfico en Verín -senón noutras medidas, como a racionalización dos aparcamentos- e chegando a preguntar ó Consello Consultivo de Galicia como anular dito contrato". De ahí proviene el litigio que persigue ahora la empresa, al considerarse lesionada en sus derechos e intereses.

Desde el pasado año, se ha presentado una demanda de resolución del contrato por la UTE adjudicataria en 2014 de la concesión, que plantea unas cantidades que totalizan los 1,4 millones de euros que se le pide al Concello. El Gobierno municipal no accede y defiende la adopción del acuerdo "para salvagardar o interese xeral de todos os verineses".