Acabamos de saber que los sueldos de los directivos de la banca española crecieron un 50% entre 2004 y 2010. El caso de las cajas de ahorro es el más sangrante, por cuanto se supone que tenían una finalidad social y en sus consejos de administración había una amplia representación del poder político que debería defender los intereses de los ciudadanos.

Curiosamente, las nacionalizadas CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia (NCG) y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) son las que más han abusado de esta práctica. En el caso de NCG, los sueldos de sus responsables crecieron una media del 68% mientras los beneficios caían un 47%.

No puedo creer que estos individuos y los consejos de administración que los sostenían creyeran que esta es una fórmula razonable, ni tan siquiera en una economía de mercado ultraliberal. La prosperidad de los directivos, a lo sumo, debería ser proporcional al beneficio que generase la actividad empresarial que gestionaban. Lo contrario es sencillamente un comportamiento indecente y, de no serlo, debería ser delictivo.

El reparto de indemnizaciones millonarias entre 3 altos cargos cesantes de las ex Caixa Galicia y Caixanova ascendía a 20 millones de euros. Lo de menos es si unos han renunciado a parte de ese dinero o no. Lo relevante es comprobar que los representantes de las instituciones públicas, particularmente la Xunta de Galicia, han permitido que esos contratos blindados fueran aprobados. Es intolerable que los mismos incompetentes personajes que han llevado a las cajas a la situación en la que se encuentran, se vayan con los bolsillos llenos después de haberse subido los sueldos hasta niveles de escándalo. Mírese como se mire, ya sea desde el punto de vista meramente empresarial o desde el ético,  no hay ninguna razón que lo justifique.

Mientras las administraciones públicas aplican recortes drásticos a sus presupuestos, no se puede tolerar que quienes nos han llevado a la crisis y recibido ayudas del Estado se vayan a sus casas con la opulencia de unos impunes salteadores.

Como he dicho en otros muchos casos en los que la ética está por debajo de la ley, ya es hora de que los partidos políticos pongan coto a desmanes de este tipo legislando en consecuencia. Que no se extrañen los políticos cuando la gente tiene una opinión tan pobre de su actividad, porque es cierto que los únicos responsables de que se pueda burlar la ley, el sentido común o la ética, son los legisladores.
Sí, esos mismos que ahora nos piden el voto.