Pasa el tiempo y nadie ha visto nada que se parezca a eso de las delegaciones del presidente de la Diputación, Manuel Baltar, en sus compañeros populares. El heredero ha despachado él solito con todo quisqui. Ha dejado pasar la oportunidad de acreditar con hechos sus palabras y la imagen de cambio que ha querido proyectar.

Tampoco estaba en su discurso programático abrir frentes ante el ejecutivo autonómico. De momento, ha conseguido que la institución provincial se pronuncie contra la ubicación de la incineradora en su localización inicial y que asuma como tema “número uno” el negro futuro de MEISA. También ha aprovechado la misma semana para cuestionar la marcha del Plan Impulsa Ourense contando con la siempre estrecha colaboración del presidente de la CEO, Francisco Rodríguez. Al final no pasó de un pusilámine “hai que seguir facendo que ese plan sexa máis forte”.

Así que, salvo ajustes de cuentas partitocráticos, ¿cambiará algo en la Diputación? Podría pensarse que los recortes en el gasto público no dejan mucho sitio para el clientelismo en plazas públicas. La entrada en Palacio de otros diez privilegiados, justo cuando Baltar padre recogía su despacho, permite rechazar esa relación aparentemente lógica. Los recortes en algunas partidas presupuestarias pueden hacer un hueco a nuevas plazas. Dudo mucho que Manuel Baltar no utilice un arma de demostrada eficacia para reforzar esa red de lealtades y de más potencial en tiempos de incertidumbre, penuria económica y falta de confianza en el futuro de esta provincia. Además, no satisfacer los intereses de la oligarquía empresarial y municipal puede hacer temblar la estructura del partido. Y el regidor de la institución provincial necesita más que nunca  un buen terreno para su búnker.  

Pero la normalidad casi festiva que se quiere transmitir desde el Palacio provincial se ha visto alterada por la visita de funcionarios de la oficina antifraude de la UE (OLAF) interesados en, al menos, la construcción de plantas depuradoras de agua. Manuel Baltar ha querido quitar hierro al asunto calificando de rutinaria la investigación. Le ha corregido la eurodipurada, Ana Miranda, recordándole que la OLAF no hace por rutina a lo que hay que añadir que se organismo cuando actúa en España lo hace en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Para el presidente del organismo bajo sospecha, todo está bien porque ninguno de los que tenían que vigilar ese gasto público ha detectado nada. Comprenderá el Sr. Baltar Blanco que eso hoy no vale ni lo que un euro en Grecia.

Resulta ahora que la incineradora de Irixo no se posará donde parecía sino que ha levantado el vuelo cual gaviota en busca de carroña. Es muy difícil ver algo claro en la maraña de intereses políticos y económicos que esta infraestructura pueda generar. Sí resulta llamativo que justo ese cambio de ubicación se produzca de forma simultánea al anuncio del IGAPE de la lotería de 35 millones de euros en subvención que le ha tocado a la empresa promotora, Estela Eólica (megawatios aparte). Para colmo, se hará con cargo al Plan Impulsa Ourense. Justifica el Instituto de Promoción Económica esa generosidad de la Administración pública en los 500 puestos de trabajo que generará la planta, cuando la promotora anunció 200 y el alcalde de Irixo, Manuel Penedo, habló de 300. Está claro que alguno o todos mienten. Por si no fuera poco, el IGAPE reconoce que sólo sabe del proyecto lo que se ha publicado en la prensa, que el Instituto no dispone de ese dinero pero que ya se verá y, además, que recientemente se modificó la normativa para que la planta incineradora fuese subvencionable. Muy difícil de masticar, al menos para mí.

Y es que ya antes de funcionar empieza a no oler bien. Tan poca transparencia y tantos vaivenes de locuacidad no dejan sitio a un mínimo margen de confianza. El tan cacareado “estricto cumplimiento de la legalidad” de la incineradora juramentado por el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, no deja de ser palabra de político. El gobierno de Núñez Feijoo ha tenido que hacer una trapallada jurídica para legalizar una piscifactoría en Lira (Carnota) instalada en espacio de la Red Natura y sin licencia desde 1991. Así, en vez de dictar normas para sean cumplidas (función del legislador) se legisla para que los incumplimientos dejen de ser tales. Nada ni nadie nos garantiza que no utilizarán la misma desfachatez con la incineradora del Plan Impulsa Ourense. Por el momento, ya son dos las ocasiones en que se han materializado modificaciones normativas que favorecen a la empresa promotora, a la sazón ya beneficiaria anteriormente por el sorteo eólico celebrado hace poco más de un  año. 
Mientras el IGAPE busca dinero público para Estela Eólica, el concello de Ourense se permite devolver casi un millón de euros de una subvención estatal destinada a mejorar el entorno de As Burgas. Según los responsables del gobierno bipartito, “por dificultades urbanísticas”, léase por defectuosa gestión urbanística. ¿Lastrada por la gestión urbanística del gobierno anterior? Sin duda. El gobierno actual estuvo varios años –y estará otros tantos- hipotecado por un PXOM zombie hasta que éste fue quillotinado por una sentencia del Tribunal Supremo. A ello hay que sumar el desaguisado del ex alcalde Cabezas en As Burgas. Por eso no es de recibo el cinismo del grupo municipal del PPdG cuando hostiga al bipartido local en el área de gestión urbanística.   

Menos problemas de gestión tiene que afrontar la concelleira de Cultura, Isabel Pérez. Quiere suprimir las tradicionales Fiestas del Corpus –dejándolas morir- convirtiendo los Carnavales en las fiestas patronales de la ciudad. Se ha lanzado a esa aventura sin escuchar a nadie, suplantando a la sociedad civil, mostrándose como aplicada discípula de Juan Palomo.

Otros que se lo guisan y se lo comen son los alcaldes de las tres ciudades con aeropuertos. Para limar las asperezas localistas de los agravios comparativos, la Xunta se ha visto obligada a invertir este año 2 millones de euros para promocionar los aeropuertos de A Coruña y Vigo como destinos, es decir, para aumentar su número de viajeros. ¿Y por qué esa forzada obligación de desviar tantos fondos de la promoción turística para calmar localismos promocionando infraestructuras de eficiencia discutible? Porque la misma Xunta tiene que darle otro millón de euros a Ryanair en 2012 (y otro tanto en 2013) por su vuelos desde Santiago. Y eso porque alguno de esos listos cargos debió hacer un copia y pega del contrato de Fórmula 1 de Valencia: rescindirlo cuesta más que desembolsar los 2 millones que quedan por pagarle a la aerolínea.

De modo que seguiremos llorando porque nos marginan. Además, ahora ya no se ve ni oye al diputado Celso Delgado y cía pregonando la discriminación positiva hacia esta provincia. Eso sí, sin siquiera pedirlo, tendremos la segunda incineradora de Galicia y, si nos descuidamos, la primera instalación militar de la OTAN.