El ayuntamiento de Amoeiro y su alcalde, Rafael Rodríguez Villarino, han sido las primeras víctimas visibles de la encorsetada normativa reguladora de la publicidad institucional en las elecciones. A vista de pájaro, globalmente, las nuevas normas intentan suplir la falta de madurez democrática y la imposibilidad de que nuestra clase política sea capaz de llegar a un mínimo de compromiso con los ciudadanos en materia de gobernanza y códigos de conducta. Para muestra, el botón del Pacto Antitransfuguismo, que todos utilizan para arrojárselo al contrario pero que nadie cumple.  

La Junta Electoral de Zona ha optado por la vía más fácil: una aplicación restrictiva y tajante de la norma electoral. La decisión ha de ser respetada por cuanto pasa a integrar las reglas del juego democrático. Se ha limitado a aplicar una normativa excesivamente rígida y tan escueta como ambigua para una casuística tan prolija como es la electoral.

Ocurre, sin embargo, que evidencia la imperfección del sistema de información a los electores. Abre una vía de alta velocidad para la poner en práctica la teoría del rumor, del infundio y de la injuria como ya ocurrió en las pasadas elecciones autonómicas. Políticos sin escrúpulos podrán seguir el manual del Tea Party con la ventaja de que sus víctimas –las instituciones e, indirectamente, sus regidores- tendrán las manos atadas por una limitación de la llamada publicidad institucional. Así, se podrá atacar y desprestigiar –incluso difamar o injuriar- al oponente por la parte de atrás, con mentiras o medidas verdades sobre la situación del ayuntamiento pero esta institución no podrá defenderse.

En Xinzo han salido listas municipales como patatas. La cosecha entra dentro de las previsiones después de la siembra de rencillas y ajustes de cuentas por los baltares. Los de la última lista conocida, Alternativa Popular Galega, entraron fuerte en la precampaña: insumisos del PPdG contra golfos también del PPdG; así se presentaba su candidato, Francisco Rodríguez. En Carballeda de Valdeorras hay mucho nervio suelto. La candidata del PSOE, Concepción Rivera, tuvo que denunciar ante la Guardia Civil por amenazas a la alcaldesa y candidata del PP, María de Carmen González en un lugar público. Mal comienzo y mucho peor ejemplo. Mejor se llevan el tránsfuga de A Veiga, Víctor Yáñez, con su alcalde por la gracia de la traición, Edesio Yáñez, quien le ha pagado con un segundo puesto en la lista popular.

Afortunadamente para el BNG, se abre un paréntesis en el caso de los paneles con la imputación de tres cargos públicos del BNG, uno de ellos, Alexandre Sánchez Vidal, líder del grupo municipal. El PSdG local sale inmune al desmarcarse hábil y oportunamente, algo que pudo hacer porque ninguno de sus concejales participó en esa burda corruptela. La nada común decisión de dimitir por parte de los cargos ahora imputados permitirá que el caso erosione menos de lo previsto a la candidatura bloquista, aunque esa estimación no sé si valdrá para una sociedad que aplaude a los detenidos por corrupción o que está dispuesta a votar a una lista de candidatos en la que parece que se busca la paridad de imputados.

Varios incendios forestales empiezan a mostrarnos la particular cultura del fuego de nuestro medio rural aprovechando las altas temperaturas y la escasa vigilancia. De todos ellos, el más sonado fue el que acabó calcinando 430 hectáreas en Bande cuando, al parecer, se realizaba por personal de la consellería de Medio Rural una quema controlada con el objetivo de atender intereses de cazadores. La investigación judicial derivó en la imputación penal de dos técnicos de la consellería. El director xeral de Montes, Tomás Fernández Couto, después de la imputación, reconoce que “pudo haber un error”, pero intentó exculpar a los dos imputados  por la concurrencia de circunstancias. Pero igual que particulares, septuagenarios algunos de ellos, fueron enjuiciados y condenados como incendiarios por perder el control en quemas particulares, no puede ahora el mismísimo director xeral de Montes exculparlos porque no tenían intención de quemar el monte. La ley a aplicar es la misma con el agravante, en este caso, de su especial deber de protección del monte.

Se ha firmado el protocolo de colaboración para la integración del AVE entre el concello y el Ministerio de Fomento. La Xunta ha querido estar ausente con la excusa de que no se optó por el AVE soterrado. Baltar fue más allá y no dudó en calificarlo de paripé. Que Ourense se vaya a beneficiar de una inversión de más de 5.000 millones de euros a pesar de la presión de lobbys nacionalistas y del drástico recorte de gasto público, debería ser un hecho histórico para una provincia marginada por los mismos que cuando están en la oposición no dejan de babear con eso de la discriminación positiva.

Sorprende, por eso, ese canto al unísono que insistentemente están entonando determinadas entidades empresariales criticando la escasa inversión pública. La CEO, la Cámara de Comercio, el CCA Ourense Centro, la Federación de Comercio, la Comisión de Comercio Interior de la Cámara, ... quieren ahora adornar la precampaña e intentan erigirse en representantes de la sociedad civil. Claro, que la falta de práctica colaborativa hace que a veces alguien desafine, como la CEO, al pedir en solitario el impulso de la Autovía a Lugo. Por cierto, ¿dónde y en qué estaban cuando había mayor fluidez de licitaciones públicas y mayor embudo para esta provincia?

Y para espectáculos circenses, el montado por la Diputación en la finca Flager. Así, sabemos que esa institución pública perdió 265.000 euros por un error que la inmobiliaria ahora niega. Además, le han metido un gol en el proceso de urbanización, dejando al ente provincial en el banquillo con la boca abierta hasta que la promotora considere que construir viviendas le es rentable. Esa es la diferencia entre un paripé y un acuerdo de verdad. El segundo tiene consecuencias económicas, en este caso para el erario público provincial.