La crisis debería estimular la creatividad hacia iniciativas productivas, pero parece que en Ourense la creatividad rinde más rápido al servicio del pelotazo. Resulta que un estudio cofinanciado con fondos europeos sobre el sector agroalimentario presentado la semana pasada era un copia y pega de otro de Aragón.  Evidentemente, no habrá responsabilidades ni en el Centro Tecnológico de la Carne ni en la Universidad de Vigo. Y eso que la ley castiga a quienes atenten contra la dignidad de la Administración. ¿Cuántos casos habrá como esos, de jetas que se burlan de los demás y llenan sus bolsillos amparándose instituciones? Bastantes más de los que pensamos pero sorprende en este caso el origen de los protagonistas de este fraude.

Tampoco hay mucha creatividad en la clase política. Siguen las trifulcas políticas azuzadas por la precampaña de esas primarias que serán las municipales mientras conocemos nuevos datos de los niveles de pobreza en la provincia. Pero ellos son de otro mundo. Sí seguimos conociendo las trayectorias de los tijerazos con que quieren ahora reducir los efectos de su nefasta gestión. No sé cómo no se ruborizan esas caras públicas cuando anuncian millones de euros de ahorro en tal o cual medida. “Reducimos el gasto improductivo y eliminamos ineficiencias” dijo la pasada semana la conselleira de Economía al justificar el recorte en gasto social y políticas activas de empleo. O sea, que se pudo haber sido más eficiente antes pero ahora toca serlo porque no queda más remedio. Si lo hubieran decidido, por ejemplo, hace tres años, cuando los primeros síntomas de crisis, habríamos ahorrado tres veces más de las cifras que ahora dan.  ¿No será más eficaz y seguro a medio y largo plazo eliminar a los ineficientes?

En esa escena de merma del gasto público aparece SOGAMA. Quiere justificar una regulación de empleo diciendo que su plantilla está sobredimensionada. Nadie duda de esto último. El ejecutivo autonómico y el municipal han desarrollado una exponencial carrera para llenar de enchufados los chiringuitos que ya había y, cuando no había suficientes metros cuadrados, crear otros nuevos. Véase como ejemplo más cercano la Mancomunidad de Celanova. La misma tendencia se registra en muchas subcontratas de servicios municipales, obligadas a contratar según listas del gobierno de turno. Luego reduce la calidad del servicio y se repercuten los excesivos costes en tributos locales. Y me pregunto, ¿a cuántos realmente estoy dando de comer?

Esta semana he empezado a soñar –no me queda más- con que el alcalde de Melón, Alberto Pardellas, pague de su bolsillo la demolición del pabellón que construyó ilegalmente al lado del Monasterio. Se habla mucho de los derechos de las víctimas, en este caso, todos los vecinos del municipio quienes son los llamados a pagar esa restauración de la legalidad vulnerada por su alcalde. La Ley permite esa opción pero, … ¿quién defenderá el derecho de aquéllos a no pagar tributo por esa machada de Pardellas? Nada dice la sentencia. ¿Se olvidó alguien de ese pequeño detalle? La verdad es que no debió ser muy ejemplarizante la condena del alcalde de Melón –o ésta llegó un poco tarde-, pero lo cierto es que Patrimonio acabar de paralizar las obras de la Diputación –financiada a su vez con fondos de la UE- de reforma de los accesos a otro BIC, el castillo de Monterrei.

En el banquillo siguen los imputados por el caso de los paneles. Todo apunta que el peso del juicio caerá como una losa más en las huestes del BNG, en plena precampaña. Punto con final desconocido para una historia de ambición y chapuzas a imagen y semejanza de las que plagaron el bipartito autonómico y que ha metido al BNG en un túnel oscuro desde el que no se ve la salida.

A esos ataques directos a nuestros recursos histórico-artísticos –que nos proporcionan un liderazgo a  nivel estatal muy escasamente aprovechado- hay que sumar la desidia derivada de la ya estructural discriminación de nuestra provincia. El Ministerio de Cultura dice que las obras del Claustro de San Francisco no se licitarán hasta finales de 2011. Alude además a una inversión de 70.000 euros para ese año pero sin partida presupuestaria conocida. Si habiendo partida presupuestaria no la invierten, ¿qué no harán si aquélla ni existe? De todos modos, 5 años de cierre de uno de los monumentos emblemáticos de la provincia no es nada para este Ourense autista: Castillo de Ribadavia, Museo Etnológico de Ribadavia, … ¿A quién le importa?

Otros sí que saben explotar bien sea los recursos aunque sea expoliando lo ajeno. Siguen coleando los intentos de sobreexplotación de nuestros recursos y la Xunta anuncia que habrá criterios más restrictivos en la concesión de repotenciaciones y nuevas minicentrales hidroeléctricas. Suena a palabrería detrás de la que se oculta una maniobra de nueva especulación con nuestros no tan escasos recursos. Y nada me extrañaría que, según ese acuerdo del Parlamento gallego -hecho en papel de liar- por el que se demanda la integración de los recursos termales en el sistema sanitario público, Unión Fenosa –ahora con Gas- fuera la encargada de su explotación.