Yo siempre oí proyectos –que recuerde desde el Plan Galicia- de millones de metros cuadrados en parques industriales y ahora no encontramos una parcela decente de 200.000 para la planta de Mitsubishi. Es que además se están produciendo en nuestra provincia deslocalizaciones industriales –ya desde antes del inicio de la crisis- hacia Ponferrada y Chaves sin reacción alguna de los dirigentes públicos ni empresariales, muy ocupados con el soterramiento del AVE. Hasta se ha admitido la paralización del parque de Tamagos con la débil excusa de unas alegaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero, algo parecido al edificio judicial de la ciudad. Y cuando la imaginación no permita encontrar un motivo, seguro que aparecen restos arqueológicos, aunque haya que sacarlos antes de Castromao.  

El soterramiento del AVE volvió a ocupar a nuestros dirigentes. El alcalde puso sobre la mesa su idea gráfica y reiteró su ya aburrido llamamiento a la participación sin que exista –ni intención de crearlo- ningún canal que permita aquélla. Quiere Francisco Rodríguez “aportaciones constructivas”. Esa expresión excluye de plano la crítica además de dejar entrever que no se tendrá en cuenta nada que no coincida con la propuesta del alcalde, algo cada vez más frecuente entre los dirigentes políticos cuando de participación de la sociedad civil se trata. Suplantan a la sociedad civil hasta dejarla sin voz y se rodean de agentes sociales –los mismos- que sólo saben mover sus cuellos entrenándolos para eventuales frenadas.  A ver si lo mueven en la misma dirección los integrantes del futuro Consorcio cuando se fijen las  aportaciones para construir el entramado.

Como corresponde a un otoño húmedo como este, a la Xunta le han empezado a salir los hongos cultivados para mantener servicios deficitarios: rutas aéreas, línea de trenes convencionales, noitebús, autopistas con peajes grises, … O más dinero o desaparecen todos esos cotarros. Nos enteramos que hay un comité de rutas y que millones de euros se destinan a financiar tinglados deficitarios. Puede que haya motivos aunque creo que habría más explicaciones que justificaciones. Pero falta transparencia. A los ciudadanos nos gustaría saber cuánto tenemos que poner de cada bolsillo para pagar los viajes de otros. 

El sistema judicial permite que el alcalde de Calvos Randín, Aquilino Valencia, siga pegado como una lapa en la alcaldía mientras torea al sistema democrático utilizando fondos públicos para la defensa de su acomodado trasero. Igual que el alcalde de Melón quien intentará suspender la ejecución de su condena ante el Tribunal Constitucional. Bueno, ahora ya sabe lo que es un BIC y lo que es prevaricación. Tendrá además diez años para profundizar en esos temas y mostrarse un poco menos ignorante cuando esté “habilitado” y volver a la alcaldía como lo hicieron otros. Aviso también para el oportunista Antonio Rodríguez Miranda   -bautizado este semana como candidato a la alcaldía de Allariz-, a quien la ignorancia le impidió detectar un “error administrativo” en el cobro ilegal de dietas en su actividad parlamentaria.   

Quien tenga alguna duda, que abandone. Las llamadas Escuelas Taller y Obradoiros de Emprego no son para crear empleo, por lo menos en Ourense. En O Barco, los alumnos se dedicaron a arreglar la carpintería del sillón del alcalde y de las sillas de los concejales. La Consellería de Traballo dice que distribuye esas inversiones –políticas activas de empleo, le llaman- a los ayuntamientos en función de unos criterios objetivos. Pero se niega a decir cuáles son, sencillamente porque no hay ninguno.  Tiene razón el concejal de Economía de Ourense cuando critica que se concedan a municipios con pleno empleo debido a su escasa población en edad de trabajar. Pero sólo así se puede hacer el estúpido planteamiento de que cada taller de empleo reducirá el paro del municipio en más de un 75 % o de un 90 % como se atrevió a plantear el delegado territorial, Rogelio Martínez, al presentar las últimas adjudicaciones de estas políticas de empleo.

La semana que viene se abrirá con Unión Fenosa de nuevo en banquillo por provocar incendios –presuntamente, por supuesto- al desatender el mantenimiento de líneas. Desfilaron esta semana técnicos, testigos y funcionarios de la consellería de Economía. Estos últimos tuvieron que dar explicaciones sobre cómo ejercieron su deber de vigilancia. Lo cierto es que la hidroeléctrica ha gozado de privilegios e inmunidades durante años que le han permitido sobreexplotar al límite los recursos de la provincia recibiendo como retorno hectáreas quemadas, caudales agotados, deficiencias en el suministro, … Le viene bien a todos este paseo por el banquillo, como al alcalde de Melón, Alberto Pardellas.

Y, para terminar quitándolo un peso de encima al BNG, no hace falta ninguna partida en los presupuestos autonómicos para proteger al río Barbaña. Con los 600.000 euros que seguro abonará de sanción la alcaldesa de San Cibrao se pueden hacer muchas cosas.