La demora por parte del Concello de Ourense en el abono a PROGAPE, la Protectora de Animales, de los 8.786 euros correspondientes al mes de diciembre por la prestación de los servicios que dispensa dicha Asociación, provoca ahora mismo una situación límite a la hora de prestar sus servicios. Según este miércoles ha denunciado la concelleira socialista, Concha García Lozano, escasea ya la comida de los animales en la perrera municipal y los trabajadores han tenido, incluso, que afrontar sus propias cuotas a la Seguridad Social, por ejemplo.

La concelleira socialista responsabilizó de la situación a la titular de Servizos Sociais del Concello de Ourense, Sofía Godoy, mientras que la popular, al poco tiempo de producirse las denuncias de la socialista, respondió afirmando que se trata de un asunto meramente administrativo y no político. García Lozano explicó que la facturación de diciembre de PROGAPE se había desglosado en dos facturas (del 1 al 15 la primera y del 16 al 31 la segunda) porque con fecha del 15 de este mes, diciembre, se produjo la firma del nuevo convenio de la Asociación con el Concello. Pero la concelleira Sofía Godoy no aludió a tal extremo, e indicó que el "problema radica en que esas facturas corresponden al año 2016 pero entraron en el año 2017, y esto tiene una tramitación administrativa diferente".

De este modo, Sofía Godoy se estaría refiriendo al hecho de que el Concello de Ourense cerró la facturación de 2016 a 15 de diciembre de 2016. Cualquier factura recibida posteriormente, aún correspondiendo los servicios prestados al mes de diciembre de 2016, se tramita con cargo a 2017, con los correspondientes retrasos en los abonos que ello conllevará. Según documentación que consta a Ourense Dixital, PROGAPE emitido dos facturas (correlativas) desglosando el mes de diciembre en dos mitades de 4.393,33 euros cada una, pero las presentó al unísono el 2 de enero de 2017, vencido 2016 y superada la fecha límite del 15 de diciembre establecida por la Concellería de Facenda del Concello para facturar con cargo al 2016. Lo que es posible hacer (además de legal) en numerosas otras administraciones públicas del Estado español, no lo fue en el caso del Concello de Ourense.