CC.OO. responsabiliza a los concellos de la precariedad laboral en los servicios de asistencia social
 
 
Llegan a ofertar pliegos a precio inferior al valor de la hora ordinaria de trabajo que establece el convenio
 
 
 
 
 
22 de MARZO de 2016: OURENSE DIXITAL

El servicio de atención a la dependencia y ayuda a domicilio es uno de los más afectados por la precariedad laboral y las condiciones de explotación de los trabajadores, señala el sindicato Comisiones Obreras al denunciar las condiciones en las que se presta este servicio en el conjunto de Galicia. Según este sindicato, los concellos de toda Galicia incentivan la privatización de estos servicios sin garantizar que se presten de la forma adecuada "e sen preocuparse o máis mínimo de que as condicións laborais dos traballadores do sector sexan as mínimas legais establecidas".

De esta forma, no se abona a los trabajadores el salario mínimo del convenio y no se cotiza adecuadamente a la Seguridad Social por dichos trabajadores. Que, además, trabajan habitualmente los 7 días de la semana sin respetárseles el descanso mínimo legal obligatorio. La mayor parte de ellos son contratados a tiempo parcial con una jornada laboral que excede casi siempre la indicada en su contrato. No se abona el kilometraje a estos trabajadores pese a utilizar su vehículo propio para los desplazamientos, que tampoco se computa como tiempo efectivo de trabajo. Son algunas de las imposiciones que, según Comisiones Obreras, se imponen a los trabajadores del servicio de atención a la dependencia y ayuda a domicilio.

El sindicato acusa a las entidades locales "de colaborar activamente na precariedade" de estos trabajadores, ya que llegan a ofertar en algunos casos pliegos a precio inferior al valor de la hora ordinaria de trabajo que establece el convenio. El sindicato, además, dice que la responsabilidad de la situación "apunta aos propios partidos políticos que xestionan a maioría dos concellos como os primeiros culpables da situación". El sindicato informa de que en el último año se realizaron más de 50 denuncias que derivaron en sanciones a las empresas por ilegalidades en los contratos, así como en las cotizaciones del personal a su cargo.

 
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