Todo hace indicar que antes de dos meses los munícipes ourensanos abandonarán sus escaños del Salón de Sesiones y perderán la condición de concelleiros que pocos de ellos quedarán en condición siquiera de poder renovar, sin hacer declaración de sus bienes. No consta la intención de ninguno de los cuatro grupos con representación en el Concello de Ourense de exigir a sus concelleiros electos realizar tales declaraciones, ni siquiera a los de la oposición interesarse lo más mínimo por tal extremo, según le consta a Ourense Dixital.

De hecho, no todo en la Corporación Municipal de Ourense han sido discrepancias durante el mandato que pronto concluirá. Al margen de encendidos debates, frecuentes enfrentamientos y abundantes ocasiones para el insulto y el desprecio, incluso, todos han estado de acuerdo en la opacidad con la que el Concello manejó todos estos años cualquier asunto económico que les incumbiera. Así, por ejemplo, la web oficial del Concello de Ourense sigue adoleciendo de la más mínima transparencia a tales efectos, y la oposición nunca ha reclamado nada al respecto.

El mandato anterior bajo gobierno socialista ya finalizó con todos los concelleiros yéndose a casa sin hacer balance de cierre de su paso por el Concello y la ocupación de sus correspondientes escaños, y todo hace indicar que en unos cuantos días y dos plenos más los 27 de la actual Corporación Municipal harán otro tanto. El anuncio de la Xunta de Galicia de este pasado jueves de que hasta los altos cargos habrán de publicar sus bienes tanto al llegar a los cargos como al salir de los mismos, así como el código ético que propugna la Federación Galega de Municipios e Provincias, la FEGAMP, no va con los munícipes ourensanos ni parece interesarles lo más mínimo.

El artículo 5º del Reglamento Orgánico de Gobierno y Organización del Concello de Ourense dispone que "el concejal que resulte proclamado electo presentará la credencial en la Secretaría General el Pleno, así como su declaración de bienes e intereses". Una medida que de poco o nada sirve si dicha declaración no va acompañada de otra que debiera producirse al abandonar su escaño, y sin disponer también que ambas, la inicial y la final, estén a disposición del ciudadano.
La situación no es nueva ni novedosa, ya en 2005 siendo alcalde Manuel Cabezas y secretario Mariano Rodríguez, éste dio cuenta de la mala praxis de los munícipes ourensanos a la hora de abandonar sus escaños. Diez años después, la tan ahora recurrida transparencia institucional sigue sin ir con ellos cuando de su patrimonio se trata.