Un informe sobre los Servicios de Urgencias en centros sanitarios de todo el país, cuya realización lideró la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril y que se ha realizado con la implicación de los defensores del pueblo de Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Navarra, concluye la existencia de "graves carencias en Urgencias" que, incluso, aumentan la mortalidad de los pacientes.
El informe establece "graves carencias" en los servicios de Urgencias Hospitalarias de la mayoría de los hospitales de la sanidad española, que convierten a dichos servicios en los de "mayor riesgo para la seguridad de los pacientes, debido, sobre todo, a la saturación de pacientes. Lo que aumenta el riesgo de error humano y de "morbilidad y mortalidad".

El informe empezó a gestarse en 2013 y se denomina Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes. El estudio señala que, pese a los avances médicos de los últimos años, Urgencias Hospitalarias siguen presentando "inadecuaciones" tan serias como el hecho de que médicos residentes "asuman un grado excesivo de responsabilidad".
No existen los profesionales adecuados suficientes en este servicio y en todas las franjas horarias, existe "excesiva dependencia" de Urgencias de los médicos internos residentes, y se reclama "la definición de una especialidad médica y de enfermería de urgencias y emergencias".

El informe alude con meridiana claridad a situaciones como la vivida recientemente en Urxencias del CHUO ourensano, al establecer la excesiva "repetición de situaciones de saturación" en dichos servicios.
Cuestiona que, tras una primera atención al paciente que entra por Urgencias, a la espera se ser hospitalizados estos pacientes se ubican en las dependencias del propio Servicio, "lo que perturba la gestión del propio Servicio impidiendo, además, que se le facilite al enfermo la atención que requiere".

Por las condiciones de trabajo inherentes ya a dichos servicios, Urgencias son "entornos de riesgo por estrés laboral o lugares propicios para el conocido como síndrome del trabajador quemado", sin que existan las suficientes herramientas para atenuar tales efectos.
Los informes de la mayoría de los defensores del pueblo aportados al general de Soledad Becerril, plantean también métodos y usos "generalizados y homologables" de triaje que permitan priorizar atenciones a quienes más las necesitan, y así mejorar la calidad de las urgencias y su debida planificación.

Se llega a hablar de "fracaso del sistema" en materia de atenciones de urgencia a pacientes en fase terminal, llegando a establecer que "no resulta posible garantizarles una muerte digna y preservar el duelo de familiares y allegados". No hay la suficiente formación de los profesionales sanitarios al cuidado de este tipo de pacientes.
Así mismo, Urgencias debería contar con más trabajadoras sociales y expertos en la atención a personas, de lo que actualmente adolecen. Y de lo que andan excedentarios es de saturación, señala el estudio.