El titular del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Ourense, el magistrado Leonardo Álvarez, ha ordenado continuar con la tramitación de las diligencias previas por las imputaciones a la concelleira de Urbanismo del Concello de Ourense, Áurea Soto, por presuntos delitos "continuado de prevaricación urbanística" y malversación de caudales públicos por la licencia que la concelleira ordenó tramitar al aparcamiento subterráneo de la Plaza de San Antonio de esta ciudad.
En el auto, el magistrado extiende la responsabilidad al abogado coruñés Carlos Hernández, a quien en su momento la concelleira imputada contrató para dar cobertura jurídica al asunto.

Respecto al letrado coruñés, establece el magistrado titular del 1 de Instrucción de Ourense, que "también son constitutivos de un delito de prevaricación urbanística tipificado en el artículo 320 del Código Penal cometido por Carlos Hernández al haber informado favorablemente el expediente orientado a la legalización del parking ubicado en el subsuelo de la plaza de San Antonio al que atribuye carácter privado, a sabiendas de la existencia de una sentencia firme que proclamaba la titularidad pública de dicho parking".
Quedan fuera de cargos, al menos por ahora, el resto de concelleiros integrantes de la Xunta de Goberno que cursó en su momento al asunto, al entender el juez que "procede acordar el sobreseimiento provisional y el archivo de la misma al no disponer este instructor de indicios suficientes para poder afirmar que éstos tenían conocimiento de que el expediente iniciado, elaborado y presentado por la concejal de urbanismo".

Por contra, el auto es muy taxativo en lo tocante a la actuación de la concelleira, Áurea Soto, en lo que respecta a la legalización del parking, "al poner en marcha un expediente orientado a legalizar las obras del parking ubicado el subsuelo de la plaza de San Antonio defendiendo a capa y espada la titularidad privada de dicho subsuelo a pesar de existir una sentencia firme que ponía de manifiesto la titularidad pública del mismo y mantener este posicionamiento a pesar de existir una segunda sentencia en la que se le vuelve decir por activa y por pasiva que ese subsuelo es de titularidad pública", señala el magistrado.

Lo mismo que considera "excesiva e incluso descabellada" la indemnización fijada por "una simple pérdida de luces", respecto a lo que señala que "es evidente, a todas luces, que conceder una indemnización que asciende a 358.828 por una simple pérdida de luces es excesiva e incluso descabellada a la vista de cualquier persona profana, bien es cierto que su propuesta nace de un informe elaborado por el Sr. Ortells (informe que no tiene desperdicio por lo inadmisible de sus valoraciones), pero esto no puede llevar a la concejal de urbanismo a conceder una indemnización tan elevada".