Diputación y los alcaldes de 8 concellos firman una declaración por la continuidad de los juzgados
 
Los alcaldes de los ocho concellos de la provincia cabeceras de comarca y con sedes judiciales, firmaron este miércoles con el titular de la Deputación ourensana una declaración en defensa de la actual estructura judicial y de la permanencia de dichos juzgados. Se alude a la dispersión poblacional como principal hecho diferenciador de la estructura geográfica de la provincia para reclamar dicha continuidad
 
 
 
 
 
 
24 de JULIO de 2014: OURENSE DIXITAL

Ocho alcaldes de concellos de esta provincia con sedes judiciales, firmaron con el presidente de la Deputación ourensana una declaración en defensa de los partidos judiciales, en la que piden "a a paralización do anteproxecto de Lei Orgánica do Poder Xudicial e o mantemento presente e futuro dos actuais partidos xudiciais na provincia de Ourense".
Son los alcaldes de Bande, José Antonio Armada; O Barco, Alfredo García; Celanova, José Luis Ferro; O Carballiño, Argimiro Marnotes; A Pobra de Trives, Francisco José Fernández; Ribadadavia, Marcos Blanco; Verín, Juan Manuel Jiménez; y Xinzo de Limia, Antonio Pérez.
La declaración será enviada al ministro de Justicia, al presidente de la Xunta y a todos los 84 concellos restantes de esta provincia.

Dicha declaración, se recuerda desde la Deputación, casa con el pronunciamiento plenario de la Corporación Provincial del pasado 30 de abril en el mismo sentido, y recoge que esta provincia cuenta con una configuración poblacional y dispersión territorial que la distingue de otras del Estado, lo que hace aconsejable mantener como actualmente está los juzgados en estos ocho concellos cabecera de comarca.
También destaca la declaración que las sedes de los partidos judiciales en esta provincia " axudan a vertebrar as zonas onde os órganos xurisdicionais desenvolven a súa actividade e constitúen un polo de actividade e dinamización económica compatible coa necesaria proximidade da Administración de Xustiza aos cidadáns".

Por contra, los firmantes coinciden en que la supresión de los partidos, extremo que contempla el Anteproyecto de Ley, "suporía o desmantelamento dun servizo público esencial no territorio provincial e perdas económicas evidentes, que atentarían contra a dignidade das comarcas afectadas e dos veciños e veciñas destas".

 
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