Un total de 41 trabajadores del Concello de Ourense se ven abocados a irse a la calle a vuelta de las vacaciones del mes de agosto, al anular una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia los puestos de trabajo de la RPT, Relación de Puestos de Trabajo, del año 2012.
Se trata en su gran mayoría del personal eventual del actual regidor municipal, el socialista Agustín Fernández, así como algunos jefes de servicio.
La sentencia, que se ha conocido este viernes y se produce a instancias de una denuncia del sindicato CSIF, es firme y sólo contra ella cabe el recurso de casación.

Curiosamente la sentencia ha sido comunicada ya a primeros de este mes de julio, el día 3, concretamente, aunque hasta ahora nada se ha sabido de la misma. El alto tribunal gallego establece que las colocaciones en dichos puestos de trabajo deben desaparecer en el plazo máximo de 2 meses es decir contados a partir de la fecha de la sentencia, lo que sitúa los ceses muy a primeros del mes de septiembre, como más tarde.
Sin embargo, desde el Gobierno local llegó a afirmarse la mañana de este mismo viernes que el asunto podría afrontarse sin cese alguno, lo que ni ha sido concretado ni tiene fácil explicación.

Entre los que habrán de cesar por anularse el personal eventual designado por el propio alcalde, está su hija, María Fernández, que figura como técnico de Comunicación y Relaciones Públicas del Concello de Ourense desde el siguiente día a que tomó posesión su padre como alcalde relevando a su predecesor, Francisco Rodríguez. También resultan afectados por el fallo los puestos de chófer del alcalde, las dos secretarias de Agustín Fernández, el director de comunicación, el auxiliar del Grupo de Gobierno y el director del Museo Municipal, casos en los que el TSXG considera que todos los puestos fueron asignados sin la debida justificación. En total 8 puestos de trabajo.

También están en el mismo caso unas 12 personas contratadas como auxiliares y técnicos de los grupos políticos de la Corporación Municipal, lo que extiende los ceses a los del Partido Popular, BNG y Democracia Ourensana, también de libre designación por dichos grupos.
La sentencia anula, así mismo, 3 puestos de coordinadores, los de Seguridad Vial, Universidade Popular y Participación Cidadá, en este caso por asignárseles funciones de dirección a puestos del Grupo "C".
La anulación de las plazas se basa en cuatro irregularidades: asignar funciones de dirección a personas cuya cualificación no es la exigida por pertenecer al Grupo "C"; reservar puestos para ser cubiertos con personal eventual sin la debida justificación; no justificar debidamente la libre designación como forma de provisión de esos puestos; y, en otro casos, permitir la cobertura de algunas plazas con personal laboral.