Los tres patronos de la Fundación Benposta y dos más tendrán que comparecer ante el juez Antonio Piña, titular del núm. 2 de los juzgados de Instrucción de Ourense, para responder ante la querella contra ellos presentados por la Asociación AIBEM que les  imputa "apropiación indebida", entre otros presuntos delitos, en la finca Benposta en la que se asentó la Ciudad de Los Muchachos de Ourense.
Pese a que el Fiscal pidió el archivado de la querella, el juez indica en un auto emitido este pasado martes que desestima el recurso de reforma presentado también por cuatro de los cinco imputados, y que los cinco habrán de comparecer en Sala.

Cambió el magistrado, no obstante, las fechas de las comparecencias por mor de "la ausencia del titular de este Juzgado y la imposibilidad de sustitución reglamentaria", señala el auto del juez. Que traslada las primeras para el lunes, 21 de mayo, a las 12 del mediodía.
Fecha en la que habrán de comparecer en el Juzgado núm. 2 de esta ciudad el presidente de la Fundación Benposta, Antonio Martínez Álvarez, el vicepresidente y tesorero, Luis Fernández Ramos, y Abelardo Basden Bello.
También habrán de comparecer el vocal de la Fundación, Juan Antonio Villar, y Jainer Fitzgerald Barros.

Un asunto con tintes de expolio de unos 4,5 millones de euros

El juez establece que "el objeto de la querella viene constituido por la utilidad y aplicación que se ha dado a las cantidades ingresadas por la venta de la finca La Bemposta o Regueiras, imputando la posible comisión de un delito de apropiación indebida".
La querella presentada el pasado 3 de marzo por AIBEM establece la "fraudulenta transmisión de la finca a la Fundación y, gracias a la intervención de los querellados", una serie de operaciones indebidas de venta de terrenos a una entidad creada para tal ocasión y denominada Nova Benposta, de las que se beneficiaron los imputados. Hasta completar una cifra total que ronda los 4,5 millones de euros que esta sociedad, liderada en su día por el Padre Silva, obtuvo por la venta de unos terrenos que, según AIBEM, debieran de haber revertido en la ciudadanía ourensana.

La querella señala que desde entonces los querellados no han dejado de beneficiarse de lo que todavía queda en la antigua Ciudad de Los Muchachos, hasta deshacerse de "dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito". Una especie de expolio sostenido en el tiempo que, según la querella, constituiría un "delito continuado de apropiación indebida".

Así mismo, advierte la querella a la justicia que los querellados "intentan disimular la apropiación de parte del dinero entregado por la compra de la finca", lo que hacen con el supuesto pago de deudas a la Tesorería de la Seguridad Social, cancelar deudas con particulares o entidades bancarias o el envío de cantidades a las fundaciones que Benposta tiene en el extranjero. Lo que nunca ha pasado de ser "simples manifestaciones que no acreditan el gasto de todo el dinero del que dispusieron en cuenta".

Por contra, el recurso de reposición presentado por 4 de los 5 querellados se sostenía esencialmente en que la presunta comisión de los delitos imputados habrían prescrito.

Atención al abogado Luis Fdez. Ramos y al hermano del Padre Silva

Ante la desestimación del recurso por el magistrado Antonio Piña, AIBEM, la Asociación Internacional de Benposteños, reclama la atención sobre la figura y el proceder de Luis Fernández Ramos, vicepresidente y tesorero de la Fundación, al que consideran "artífice" de la gran mayoría de las operaciones llevadas a cabo.
Así mismo, también señalan que todo ello ha tenido que hacerse con la "colaboración necesaria" de José Manuel Silva, hermano del Padre Silva, presidente en funciones de la Asociación Ciudad de Los Muchachos.

AIBEM recalca que no litiga por tener una propiedad que ha de ser pública, sino, porque los terrenos de la Ciudad de Los Muchachos de Ourense retornen "a todas las generaciones de Benposteños que han pasado por aquí desde su fundación", y que su destino final sea ahora, precisamente, su utilidad pública.