Sin la debida y suficiente colaboración de las Administraciones, tanto la local, el Concello de Ourense, como la Autonómica, la Xunta de Galicia, el colectivo Stop Desafiuzamentos Ourense ha tenido que hacerse cargo de una mujer de 30 años y sus dos hijos de 3 y 7 para, al menos, evitar que duerman en la calle.
Es una situación que el colectivo ahora saca a la luz pública para reclamar más ayuda y, sobre todo, mayor eficacia a la hora de hacerlo, de las Administraciones públicas. Mientras señala que garantizar una vivienda digna no es el cometido de este colectivo ni tiene medios para ello.

Stop Desafiuzamentos Ourense recuerda al Concello y a la Xunta de Galicia que son sus servicios sociales los que tienen que hacerse cargo de estas situaciones, y que 2013 concluyó en Ourense con una treintena de casos de personas que perdieron sus viviendas.
En algunos casos, recuerda, admitiendo las entidades crediticias producto del trabajo de los abogados, la fórmula de la dación en pago para evitar en adelante la carga hipotecaria, pero, matiza, "sen a vivenda" en la que poder seguir viviendo estas personas.

El colectivo recalca la necesidad de que el Concello de Ourense y la Xunta de Galicia den la cobertura necesaria y por Ley establecida a los casos de estas personas, cuya situación emana en muchas ocasiones de la pérdida de su trabajo, el cierre de empresas, la conclusión de la prestación de desempleo e, incluso, el no poder disponer de ese colchón familiar que para muchos que se ven en tales situaciones suponen sus propias familias a la hora de evitar convertirse en unos sintecho.