La interventora de la Deputación de Ourense aseguró este jueves ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, donde se vio el caso del ERE que presentó la Deputación de Ourense para, inicialmente, 32 trabajadores de la plantilla de laborales de la institución provincial, que el gasto de Personal de la institución lastra anualmente sus presupuestos hasta suponer el 55% del volumen consignado anualmente, y que el ERE proyectado supondrá el ahorro de unos 900.000 euros en los 25 puestos de trabajo que, finalmente, la Deputación ourensana suprimirá.
Cifra que subirá hasta los 2 millones de euros si se contabilizan los 30 interinos que ya se han suprimido el pasado mes de octubre.

En el TSXG se vió la mañana de este jueves la demanda presentada por Comisiones Obreras contra dicho ERE, o Expediente de Despido Colectivo como técnicamente se le denomina en estos casos. La vista contó con más público del normal en estos casos, por cuanto el ERE de la Deputación de Ourense es el primero que presenta una diputación española. El sindicato demandante, Comisiones Obreras, plantea la nulidad del expediente, que defendieron los letrados de la institución provincial ourensana.
El Ministerio Fiscal no encontró suficientemente fundamentado que, como sostiene Comisiones Obreras, se pueda esgrimir el artículo 14 de la Constitución contra la decisión de la Deputación ourensana, aunque admitió que el ERE "puede resultar raro", como lo es que la Deputación ourensana centre sus esfuerzos a la hora de ahorrar sólo en el gasto de Personal.

El perito que con su declaración cerró el turno de testimonios, también señaló no contar con los informes económicos necesarios en relación a las cuentas exactas que manejó la Deputación para justificar dicho ERE.
Por su parte, el abogado de la institución provincial rechazó que el Expediente se presentara para subsanar "anomalía" alguna ni para reparar cualquier otra situación, y, por contra, recalcó que los motivos del ERE "están perfectamente argumentados con datos, certificaciones y el resultado del presupuesto".
El letrado de la parte demandante, el sindicato CC.OO., incidió en que el ERE es "discriminatorio" al buscar, únicamente, "suprimir un colectivo", el de los laborales, que, a su juicio, "está perfectamente identificado por el tipo contractual"; así como que no se puede justificar el expediente cuando elimina a una serie de personas mientras en puestos similares se mantiene a otros trabajadores de forma temporal.