Comisiones Obreras exige al Consorcio do Benestar de la Xunta de Galicia que, de inmediato, aplique la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de los de Ourense que anula las sanciones que el Consorcio y la Dirección del Centro de Maiores le impuso a dos trabajadoras. Lo que, a su vez, conlleva reintegrar a sus puestos de trabajo a las dos trabajadoras y abonarle todos los salarios que han dejado de percibir mientras han estado cumpliendo una sanción que ahora el Juzgado entiende que fue injusta. La sentencia es firme y, por tanto, de obligado cumplimiento, recuerda CC.OO.

A las dos trabajadoras, ambas afiliadas a esta organización sindical y una de ellas candidata de CC.OO. en las elecciones sindicales del Consorcio, se les suspendió de empleo y sueldo 18 y 24 meses es decir, año y medio y dos años, tras incoárseles los correspondientes expedientes disciplinarios.
Ahora, el Juzgado de lo Social número 2 de Ourense califica por sentencia dicho expediente disciplinario como “inxusto, irregular, parcial e persecutorio”, asegura el sindicato, y las sanciones impuestas a las trabajadoras como “desproporcionadas”.

Ahora, Comisiones Obreras considera que tanto la Xerencia del Consorcio como la Dirección del Centro de Maiores de Rairiz de Veiga “son responsables das consecuencias do mal proceder” con las dos trabajadoras, y recuerda que la Xerencia del Consorcio no quiso atender las reiteradas gestiones llevadas a cabo durante los últimos meses “encamiñadas a resolver administrativamente o expediente dun xeito imparcial e axustado a dereito”.
Y pide al Consorcio que, además de restituir todos los derechos de las trabajadoras y abonarles los salarios atrasados como la sentencia firme dispone, “destitúa á dirección do Centro pola súa deficiente actuación en materia de xestión de persoal”.