A Valdeorras trasladó este lunes el subdelegado del Gobierno en Ourense, Camilo Ocampo, las directrices en materia de regularización y control del empleo sumergido que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Y que esta subdelegación viene insistiendo en que comportan un endurecimiento considerable de las sanciones.
Así mismo, la campaña informativa se lleva a cabo para explicar que el Gobierno ha abierto un período de regularización voluntaria de la situación de aquellas personas que pudieran hallarse irregularmente, lo que les permitirá evitar responsabilidades sancionadoras y acogerse a algunas ventajas que, temporalmente, facilita el Gobierno español.

El de Valdeorras es el tercer encuentro informativo de estas características de los que se contabilizan en la provincia ourensana, y a él acudieron representantes de la Asociación Empresarial de Valdeorras, AEVAL, el Centro Comercial Aberto, el Consello Regulador de Denominación de Orixe “Valdeorras”, y la Asociación Gallega de Pizarristas.

A modo general, la Subdelegación del Gobierno en Ourense recuerda que un Real Decreto de 29 de abril establece un proceso de “afloramiento del empleo sumergido”, lo que se traduce en que hasta el día 31 de julio de este 2011 los empresarios que ocupen trabajadores de forma irregular podrán regularizar su situación sin ser sancionados.
Además, podrán acogerse a reducción y bonificaciones que conlleve la modalidad de contrato que le realicen a estos trabajadores, e, incluso, aplazar los ingresos de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

A partir del uno de agosto la situación cambiará totalmente, y el Gobierno anuncia que las sanciones por este tipo de irregularidades llegarán a multiplicar por cinco sus cuantías.
Así, por no tener un trabajador debidamente dado de alta en la Seguridad Social la sanción de 626 euros actualmente vigente pasará a 3.126 euros, y la máxima sanción de 6.250 euros hasta ahora podrá llegar en lo sucesivo a los 10.000 euros.
En el caso de empresarios que ocupen a trabajadores que estén percibiendo prestaciones por desempleo o pensiones incompatibles con el trabajo que desarrollan, las sanciones subirán de los 6.251 euros a los 10.001, además de que el empresario pueda ser excluido durante dos años de toda y cualquiera ayuda o bonificación de los programas de empleo.