Sin dilación alguna en los plazos y ahorrando incluso trámites, la nueva Ordenanza que regula las Actuacións Comunicadas del Concello de Ourense irá a pleno este viernes, día 7 de enero, para su aprobación provisional, y prosperará seguramente con el apoyo también de la oposición. De hecho, el PP, al igual que los dos grupos de Gobierno municipal, renunciaron al plazo de 10 días que los grupos políticos tenían para presentar alegaciones al texto de la Ordenanza, para favorecer la tramitación de la misma con la máxima celeridad posible.
Así se acordó en la Comisión de Pleno del pasado jueves, previa a la primera sesión ordinaria del nuevo año, la de enero, que se celebrará este viernes, día 7, a partir de las 10 de la mañana.

En esta misma sesión se tramitará la modificación puntual del PXOM en área número 24, API 2E del Campus Universitario y su ámbito, y el suelo urbanizable 28 de Souto Sanín. PSOE y BNG ya expresaron al respecto su voto afirmativo, mientras que el Partido Popular se lo reserva hasta la sesión plenaria.
Así mismo, también irá a esta sesión plenaria la propuesta de última hora del Gobierno municipal en relación con la paralización dispuesta por la Comisión Superior de Urbanismo para el proyecto del arquitecto Francisco Mangado en el Campus Universitario de Ourense.

Se trata de las acciones anunciadas por el alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, y la concelleira de Urbanismo, Áurea Soto, el pasado jueves, por las que el alcalde plantea dirigir recurso de alzada a la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras e Territorio de la Xunta de Galicia contra dicha decisión de la mencionada Comisión de esta Consellería.
Con advertencia de que, si tal acción no sirviera para reponer la tramitación de dicho proyecto, el Concello de Ourense recurriría a la vía del Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Urbanismo, los Servicios Jurídicos del Concello de Ourense y el propio regidor municipal, consideran que la Comisión Superior de Urbanismo de la Xunta de Galicia se “extralimita” en sus competencias al paralizar dicho proyecto.