Los veterinarios de la provincia de Ourense encargados de la identificación del ganado bovino, ovino y caprino suscriben la huelga indefinida convocada para el lunes de la semana que viene, día 29 de este mes, aunque abierto el colectivo al diálogo, señalan en un comunicado emitido al respecto.
Son en la provincia 8 de un total de 114 en toda Galicia.
El colectivo recuerda que hay un mes Seaga, empresa encargada por la Xunta de Galicia de este servicio, presentó un ERE que afectaba entonces a 43 veterinarios gallegos de los que 3 eran ourensanos. Sin embargo, dicho ERE no se materializó al decidir Seaga ampliar el Expediente de Reducción de Empleo a la totalidad de la plantilla, lo que ocurre ahora.

Esto se produce a raíz de que el 9 de noviembre pasado la Xunta de Galicia publicó un decreto que elimina la figura del veterinario, competencias que pasa a asumir el propio ganadero en contacto con los servicios habilitados para ello por la Consellería de Medio Rural.
Así, explica el colectivo de veterinarios, deberán ser los propios productores los que se encarguen de registrar los nacimientos, colocara los animales los crotales y los duplicados de los crotales que se hayan extraviado, y otras labores de las que deberán dar cuenta a la Consellería de Medio Rural a través de Internet o, en su defecto, vía telefónica. Luego la Consellería les enviará por correo la documentación del correspondiente registro.

Así mismo, el decreto permite la formación de “entidades identificadoras de índole privada”, que se podrán encargar de realizar las funciones hasta ahora asignadas a los veterinarios en caso de que el ganadero no quiera o no pueda llevarlas a cabo.
“Aparte de ser unha privatización encuberta do servizo, o decreto non define a cualificación necesaria para realizar este traballo, podendo facelo calquera persoa que teña medios materiais para facer o traballo”, señalan el colectivo de veterinarios.

Advierten los veterinarios de que en la provincia de Ourense estas medidas tendrán mayor efecto debido, entre otras razones, a la dispersión de las explotaciones y al pequeño tamaño de las mismas, así como a la mayor edad de los ganaderos, y vaticinan que “provocará un uso masivo destas entidades identificadoras”.
De este modo, de los 2,6 euros que cada ganadero abona simbólicamente (ya que se trata de un servicio público) en la actualidad, pasará a pagar las cantidades que fije la nueva empresa. Lo que contribuirá, según los veterinarios, al cierre de muchas explotaciones ante la presión a la que se verán sometidas.