Más de 60.000 euros al año le cuestan al Concello de Rairiz de Veiga las tres asistentas sociales de las que a día de hoy dispone este municipio. El Concello estaría pagando en torno a unos 4.500 euros/mes (750.000 de las antiguas pesetas) a las dos titulares de este servicio, a las que hay que añadir las retribuciones de una sustituta contratada por el Concello porque las titulares “nos ten o alcalde sin facer nada”, coincidieron en afirmar a Ourense Dixital ambas.
Los aproximadamente 10,5 millones de las viejas pesetas que cuesta el apartado de Asistencia Social a las arcas municipales de Rairiz son producto de la situación de abierto enfrentamiento del regidor municipal con las asistentas titulares, Cristina Gándara y María Luisa Carnero, que refrenda la existencia de numerosas sentencias judiciales que, en la práctica totalidad de los casos, ganaron las trabajadoras.

Curiosamente las dos trabajadoras sociales con las que ahora confronta el regidor municipal fueron en su momento una apuesta suya. De hecho, Cristina Gándara Muiños, una de las dos trabajadoras sociales, fue cerrando lista del BNG en las pasadas Municipales de 2007, que encabezó Rodríguez Ambrosio.
Desde entonces las cosas han cambiado mucho. Un año después, el 23 de julio de 2008, Cristina Gándara era despedida. Readmitida después por sentencia judicial del número 1 de los juzgados de lo Social de Ourense que declaraba el despido improcedente, volvió a ser despedida a raíz de un artículo publicado en la revista Interviu en diciembre de 2009, por considerar el alcalde que había realizado “gravísimas ofensas en su contra”. El pasado mes de mayo fue el número 2 de los juzgados de lo Social el que determinó también la improcedencia del despido.
Otro tanto ocurrió con la otra trabajadora, María Luisa Carnero. En su caso el alcalde consideró que por la información vertida en el reportaje de Interviú del pasado 14 de diciembre merecía dos meses de suspensión de empleo, pero fue ahora el juzgado número 3 el que acaba de fallar que la medida no procede y que el Concello tendrá que reponerla en su puesto y pagarle estos últimos cuatro meses.

En cualquier caso, las asistentas sociales de Rairiz de Veiga son un claro ejemplo de que el alcalde acata las sentencias, pero sólo en lo imprescindible.
María Luis Carnero fue confinada en un despacho en el que no hay ni un papel, para cuanto más un ordenador, y en el que sólo está una mesa y su silla. Había una para las visitas que incluso fue retirada. Otro tanto ocurre con la otra asistenta social.
Por no hacer nada “porque o alcalde así o dispón”, señaló una de ellas, el Concello de Rairiz de Veiga estarían pagando al mes más cerca de 3.500 euros. Como es preciso hacer lo que a ellas se le impide, el gasto se eleva hasta los 4.500 con lo que cuesta pagar a una contratada que ha de hacer su trabajo.