Iberdrola no respetó, sino al contrario, los términos establecidos por la propia empresa en el Estudio de Impacto Ambiental que remitió el 29 de enero de 2007 al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y el departamento de Elena Espinosa autorizó el 28 de mayo del pasado año. Al producirse el secado completo del cauce durante la segunda semana de este mes de julio, sin que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil se diera siquiera por enterada de la anomalía, la eléctrica vulneró el texto que aportó al MARM.

En dicho Estudio sólo se habla del caudal ecológico durante el transcurso de las obras a raíz de una de las dos únicas alegaciones que se presentaron al proyecto durante el período de información pública, la de la Sociedade Galega de Historia Natural (la otra fue presentada por Amigos da Terra).
La Sociedade Galega de Historia Natural, SGHN, informaba al MARM de la acumulación de proyectos en la zona del “Santo Estevo II”, así como de que “se ha de contemplar una actuación para conseguir que la fauna piscícola pueda remontar de nuevo los ríos Miño y Sil”.
Iberdrola respondía a ello asegurando que “el proyecto no contempla ninguna infraestructura que suponga efecto barrera para la fauna adicional a los ya existentes”.

Luego la SGHN planteaba “que conste el caudal ecológico a circular en el tramo de cauce que media entre el muro de la presa y la salida de agua de la nueva central”.
En este punto, Iberdrola hace constar en el Estudio de Impacto Ambiental que “se permite una correcta circulación del agua de manera que se mantenga la calidad del agua en dicho tramo”.
Es más, “que el tramo comprendido entre el pie de presa y el desagüe de San Esteban I está siempre sumergido”, se hace constar en dicho Estudio aprobado en su día por el departamento de la ourensana Elena Espinosa.

Tales extremos no fueron respetados por Iberdrola en la segunda semana de este mes de julio, como puso a las claras la documentación gráfica publicada por Ourense Dixital el pasado día 13. Impunidad que favoreció la inhibición practicada en el caso por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que, según luego denunciaría el senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, “nen siquera foi inspeccionar o lugar”.