Rodríguez Ambrosio, alcalde

 
  Consumido un mes largo desde que la Guardia Civil detectara que al menos dos vehículos del parque móvil del Concello de Rairiz de Veiga se abastecen con gasóleo B restringido a maquinaria agrícola y mucho más barato que el A, nada se ha vuelto a saber de la ampliación de indagaciones previstas por la Guardia Civil, ni del expediente abierto a raíz del asunto y de la sanción al Concello. Ahora, el portavoz del Partido Popular en Rairiz de Veiga retoma el asunto y ha presentado un escrito en Subdelegación de Gobierno pidiendo se le informe al respecto, así como solicitud de pleno extraordinario del Concello de Rairiz.
 
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24 de JUNIO de 2009: OURENSE DIXITAL
   

El portavoz del Grupo del Partido Popular en el Concello de Rairiz de Veiga, José Francisco Limia, ha trasladado un escrito a Subdelegación de Gobierno de Ourense por el que pide al subdelegado, Camilo Ocampo, se le de cuenta de la situación en la que se hallan las investigaciones realizadas por la Guardia Civil en relación con la utilización de gasóleo B por vehículos del parque móvil de este Concello.
A mediados del mes pasado, efectivos de Guardia Civil interceptaron al menos dos vehículos pertenecientes al Concello de Rairiz de Veiga, que consumán este tipo de gasóleo restringido únicamente a la maquinaria agrícola.
Con posterioridad se anunció que la Guardia Civil ampliaría la invetigación al respecto, si bien ya entonces la oposición en el Concello de Rairiz había mostrado su malestar por el hecho de que las inspecciones se fueran a practicar una semana después de interceptados los vehículos.
Un mes después nada se ha vuelto a saber del asunto.

El portavoz popular pretende ahora que el subdelegado del Gobierno en Ourense aporte la correspondiente “información del procedimiento que se tiene que haber seguido a raíz de los hechos detectados en su momento”, explico José Francisco Limia.
El edil popular se confiesa “muy extrañado” por el silencio que siguió a las primeras averiguaciones de la Guardia Civil, así como por el hecho de que no se haya vuelto a saber nada del expediente incoado y que, necesariamente, tendría que haber desembocado en la correspondiente sanción al Concello. Las sanciones estipuladas por ley para este tipo de actuaciones fraudulentas van desde lso 600 a los 12.000 euros. Sin embargo, el Concello de Rairiz de Veiga no ha sido sancionado.

Así mismo, el Grupo del Partido Popular ha formulado ante el Concello de Rairiz de Veiga solicitud de pleno extraordinario para abordar este asunto, así como las averiguaciones que durante estos días han podido concretar los dos ediles populares, oposición en este Concello.
El portavoz del PP, Francisco Limia, dice desconocer todavía la fecha de dicha sesión plenaria.

 
 
 
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