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Pese a filtrarlo Tenencia de Alcaldía a un medio de comunicación este jueves, la Xunta Local de Goberno del Concello de Ourense no trató siquiera la propuesta de gratuidad del autobús urbano para pensionistas y estudiantes, como aseguraba que ocurriría Sánchez Vidal. La iniciativa está todavía tan verde, que faltan los informes Económico-Administrativo y de Intervención, según pudo saber Ourense Dixital. Se trata de una medida de bonificación fiscal que, además, se articula para paliar un déficil de 700.000 euros que arrastra el transporte municipal.
 
 
 
La gratuidad del bus que propugna Tenencia de Alcaldía es para paliar un déficit de 700.000 euros
24 de OCTUBRE de 2008: OURENSE DIXITAL

Pese a venderse como una medida de amplia repercusión social y ser, de hecho, una medida de bonificación fiscal, la iniciativa de que el carrito sea gratis para los pensionistas y estudiantes, intenta paliar el déficit de 700.000 euros que arrastra el transporte municipal de Ourense, según pudo saber Ourense Dixital.
Al acuerdo suscrito en su día con Urbanos de Ourense le faltan ahora líneas, algunas de ellas tan importantes como la 7, con A Valenzá, lo que provoca que los ingresos para la empresa adjudicataria del servicio no sean los que amparaba el acuerdo suscrito en su día.
A esto hay que añadir importantes subidas como la del gasóleo, que ha agravado la situación de la concesión.

La medida de hacer gratuito el servicio para estos dos colectivos, pensionistas y estudiantes de entre 16 y 18 años, según se anunció, supondrá la consiguiente inyección económica al servicio y a la empresa con cargo a las arcas municipales, y una fórmula de paliar el déficit que arrastra dicho servicio.
Sin embargo, en el Concello de Ourense lo único que se reconoce al respecto es que "se está facilitando la viabilidad de esta medida", nada más. En cualquier caso, cuando dicha "viabilidad" se considere alcanzada por el departamento que dirige Agustín Fernández, la medida que se catalogará como "de bonificación fiscal", tendrá que superar los correspondientes informes Económico-Administrativo y, sobre todo, el del Interventor, al que le queda siempre la última palabra a la hora de decir si se puede o no llevar a cabo.

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