El alcalde de Xinzo de Limia, Antonio Pérez, ha causado baja temporal de militancia en el Partido Popular después de que se conociera este miércoles que habrá de sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación. Los hechos que ahora se enjuiciarán emanan de la presunta contratación irregular por el Concello que preside de 21 personas en los últimos meses. Antonio Pérez ha hecho lo que antes ya hicieron con anterioridad otros regidores municipales populares en su misma situación, como el de Baltar, José Antonio Feijóo, y el de Vilariño de Conso, Ventura Sierra. El partido comunicó entrada la noche de este miércoles la solicitud del regidor de Xinzo de suspensión temporal de militancia, que le ha sido concedida inmediatamente.

La titular del juzgado que lleva el caso dispuso este miércoles la apertura de juicio oral, después de que de por sentencias del contencioso-administrativo fueran anuladas varias de las contrataciones realizadas por el alcalde de Xinzo desde el año 2012 y el caso pasara a la vía penal. La juez que instruye el caso considera que Antonio Pérez solo buscó con tales contrataciones "colocar y mantener a personas concretas" en dichos puestos del Concello de Xinzo de Limia.

Por su parte, la acusación pública entiende que el alcalde actuó a sabiendas de que las contrataciones no reunían todos los requisitos exigidos en el ámbito público, careciendo, entre otros, de la debida publicidad de la convocatoria para acabar dirigiendo la contratación a unas determinadas personas. La Fiscalía pide para Antonio Pérez 10 años de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo y/o función pública. Lo mismo que pide la Confederación Intersindical Galega, organización que se halla personada en el caso como acusación particular. Pérez, por su parte, sostiene que nunca fue advertido de que estuviera cometiendo las irregularidades que ahora se le imputan, y niega que los informes de técnicos municipales que sí le advertían de tales extremos, fueron hechos a posteriori es decir, después de la firma de los contratos vulnerando, incluso, la autenticidad de las fechas.